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¿Para qué ha servido el Consejo Económico y Social?

Monseñor Agripino Nuñez Collado
Escrito por Debate Plural

Hamlet Hermann (Hoy, 2-9-12)

El Consejo Económico, Social e Institucional (CESI) fue convocado recientemente por el presidente Danilo Medina para desarrollar una discusión en busca de la reforma fiscal que pudiera atenuar la crisis económica y financiera heredada del anterior gobierno peledeísta.

Sorpresivamente, el proponente solicitó posponer el encuentro. Aprovechando este hiato, es sano rebuscar en los orígenes del CESI para estar precavido sobre su relativa importancia en los manejos de los gobernantes. Ese órgano no gubernamental fue creado mediante decreto del presidente Leonel Fernández el 25 de enero 2005. Tendría como atribución general “conocer y emitir su opinión sobre problemas de cualquier naturaleza que fueran de interés nacional, constituyéndose en un espacio institucional permanente de diálogo y deliberación en procura de la concertación social”.

La primera prueba de la utilidad política del CESI tuvo lugar dos meses después de la creación en el encuentro que convocaron su Presidente, monseñor Agripino Núñez, y el Director Ejecutivo, ex Rector universitario, Rafael Toribio. Propiciaron entonces un debate esclarecedor sobre las factibilidades de un tren subterráneo a lo largo de la avenida Máximo Gómez, considerado por el presidente Fernández como “su sueño de niño”. Se escucharon allí las contradictorias ponencias de los ingenieros Hamlet Hermann, quien proponía ajustes estructurales del transporte, y Diandino Peña, designado por decreto presidencial como Ministro del Metro de Santo Domingo. Otros proponentes de vehículos sobre rieles también participaron. Hermann había sido Director fundador de la Autoridad Metropolitana de Transporte (AMET) y organizador del tránsito en Santo Domingo y en Santiago. Peña se había desempeñado como Secretario de Obras Públicas.

Los miembros del CESI aclararon sus dudas y concluyeron que “en estos momentos la construcción de un Metro no es una solución oportuna y adecuada”. Optaron por sugerir la propuesta en base al uso de autobuses, porque podría dar solución a los problemas inmediatos dentro de un corto plazo, a mucho menor precio. El presidente Fernández recibió la misiva en el Palacio Nacional de manos de Núñez y Toribio. Este último publicó: “A pesar de que no estaba en la línea de las expectativas que se habían creado sobre la inmediata construcción del Metro, la recomendación fue aceptada por el Presidente”.

Sin embargo, apenas dos meses después, ignorando el compromiso contraído con el CESI, el presidente Fernández sorprendió a la ciudadanía al crear la Oficina para el Reordenamiento del Transporte (OPRET) en la ominosa fecha 11 de septiembre de 2005. Evidentemente, aquella sería la nueva plataforma desde la cual se relanzaría indetenible el Metro de Santo Domingo. Sintiéndose defraudado por la falta de transparencia y la injustificable doblez presidencial, el Director Ejecutivo, Rafael Toribio, renunció al cargo. Agripino Núñez se mantiene todavía en su cargo.

Luego de consumada la tarea de crear un nuevo organismo para que se ocupara exclusivamente del Metro, se inició un confuso proceso administrativo en el que OPRET se dirigía desde la empresa particular del ingeniero Peña. Desde aquel momento hasta hoy han transcurrido exactamente siete años y OPRET ha gastado, con cuestionable transparencia, cerca de tres mil millones de dólares. El gobierno de Fernández restó esa enorme suma de la educación, la salud y la agricultura, al tiempo que endeudaba al país hasta lo impagable.

La eficiencia de estas obras resultaron mucho menores que lo prometido por el presidente Fernández cuando trataba de convencer a la opinión pública de las bondades de “su sueño de niño”. Luego, no se conformaron con el ineficiente Metro propuesto inicialmente, sino que iniciaron la construcción de una segunda línea subterránea. Ningún funcionario está en condiciones de probar que el tránsito de Santo Domingo ha mejorado en relación con 2005 a pesar de las megaobras realizadas.

El CESI tuvo razón en aquella recomendación al presidente Fernández, pero pudo más el interés particular que las necesidades sociales. Vaya esta experiencia a los actuales miembros de ese organismo para que sepan a qué atenerse cuando discutan la cacareada reforma fiscal. Si por las experiencias anteriores nos guiamos, el empresariado estaría obligado a coincidir con las propuestas del gobierno. O prepararse para servir de coartada de aquellos que se niegan a reducir los gastos gubernamentales y sólo ven solución en desnudar a quien ya no le queda ropa.

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